¿Desarrollo vs. medio ambiente?

Para enfrentar la desaceleración de la economía, el Gobierno está estimulando el desarrollo de infraestructura y la inversión extranjera. Sin embargo, muchos de esos proyectos tienen reparos ambientales. ¿Desarrollo a cualquier precio?

La recepción de Carlos Costa, como nuevo ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, fue en medio de una polémica. Antes de cumplir dos semanas de haberse posesionado, desde diferentes sectores ambientalistas se empezó a advertir sobre los riesgos de otorgar licencias para proyectos mineros y viales, como el de la mina de oro de AngloGold Ashanti en el Tolima, que atentaría contra recursos hídricos, o la carretera Las Ánimas-Nuquí, en el departamento del Chocó, que impactaría negativamente uno de los ejes biodiversos del planeta.

Sin embargo, su llegada también coincide con la estrategia anticíclica del gobierno nacional para enfrentar la desaceleración de la economía y revertir la tendencia, estrategia enfocada en el desarrollo acelerado de infraestructura y en la atracción de nueva inversión.

Por eso, el papel del Ministerio de Ambiente es fundamental, pues otorga las licencias ambientales y da luz verde al desarrollo de los proyectos y las inversiones. Entre 2006 y 2008, el Ministerio ha otorgado 772 licencias ambientales para los sectores de infraestructura -vías, puertos y aeropuertos-, minas, eléctrico, hidrocarburos, agroquímicos y zoocría; y a marzo de 2009 ya se habían licenciado 86 de estos proyectos.

Esta situación ha generado una mayor tensión. Por un lado, ambientalistas, ONG's y organismos de control han advertido sobre la inconveniencia de estos proyectos y los impactos negativos que pueden generar en regiones con gran biodiversidad como el Chocó o el Tapón del Darién, y en zonas de reserva forestal donde nacen gran parte de las reservas de agua del país; mientras que, por otro, si no se dan las licencias muchas inversiones podrían estar en riesgo en momentos en que es necesario estimular la economía.

El gran reto del Gobierno, empresarios y autoridades ambientales está en lograr el equilibrio entre el crecimiento económico y el medio ambiente, con iniciativas de desarrollo sostenible, una coyuntura cada vez más compleja por todo lo que está en juego, de uno y otro lado.

La situación

"Colombia debería entender que su gran patrimonio está también en la biodiversidad y en el mantenimiento de la vitalidad de sus ecosistemas. Si las consideraciones de estrés económico y la necesidad de generar empleo van a llevar a la destrucción del medio ambiente, a raíz del desarrollo de obras de infraestructura como medida de choque de manera acelerada, vamos a ser testigos de severos impactos sobre el entorno ambiental y enormes conflictos con las comunidades locales que se verán afectadas por estos megaproyectos. Si bien el país necesita para su competitividad una infraestructura adecuada, esta no se puede hacer a cualquier precio y mucho menos comprometiendo el futuro del país y de las generaciones venideras", explica el ex ministro de Ambiente, Juan Mayr

Por su parte, los inversionistas advierten sobre los riesgos y el impacto que en materia económica puede generarse alrededor de la negativa de las licencias ambientales, donde muchos recursos no se cristalizarían. "La compañía tiene una inversión proyectada para 2009-2011 de US$240 millones (US$200 millones para el proyecto La Colosa y US$40 millones para otros proyectos de exploración en el país). Las autorizaciones pertinentes para continuar el programa de exploración definirán la continuidad de los proyectos", explica un vocero de AngloGold Ashanti, compañía que tiene en sus manos una de las inversiones más polémicas porque podría afectar los nacimientos de agua de la región y pondría en riesgo acueductos y distritos de riego.

Lograr la armonía entre las políticas ambientales y las estrategias de crecimiento económico se está convirtiendo en una labor cada vez más compleja, como lo reconoce la viceministra de Ambiente, Claudia Mora. "El gobierno nacional tiene una línea de política anticíclica que requiere incentivar y acelerar aún más el desarrollo de sus proyectos económicos y de infraestructura y eso hace que para el Ministerio se genere una presión", señala.

La estrategia de choque del Gobierno está referida a proyectos de construcción de infraestructura de manera acelerada. "Esto tendría implicaciones tales como disminución de los requerimientos ambientales y procesos acelerados de licenciamiento ambiental sin los estudios adecuados para la correcta toma de decisiones. Ya empezamos a ver situaciones preocupantes, como la aprobación de una carretera en una de las zonas más importantes de diversidad biológica en el Chocó", dice Mayr. "La construcción de un puerto sobre los sitios sagrados de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada es un despropósito. No podemos aplastar los valores culturales ni las creencias de los pueblos tradicionales bajo una sombrilla de que necesitamos un desarrollo que, mirado desde otro ángulo, es posible en aquellas zonas donde no se presenten estos impactos que terminan generando más conflictos que soluciones", agrega el ex ministro.

La situación se torna más compleja, cuando sobre la mesa hay inversiones millonarias. En el sector de generación de energía se estiman inversiones superiores a los US$5.800 millones, en los próximos diez años, producto de los nueve nuevos proyectos que entrarán a darle confiabilidad al sistema de energía nacional y representan más de 3.400 MW de capacidad, según datos de Acolgen.

En este sector sobresalen tres proyectos por el impacto ambiental que podrían generar. Quimbo de Emgesa, las plantas de generación de Poliobras y la interconexión con Panamá. El primero, cuya inversión ascenderá a US$750 millones y tendrá una capacidad instalada de 400 MW, ocupará 3.199 hectáreas productivas actuales y potenciales, y será necesario reubicar cerca de 300 familias del área de influencia. Para mitigar el impacto del proyecto, Emgesa compensará con 5.200 hectáreas dotadas con riego por gravedad el área inundada, colaborará para el desarrollo de una nueva actividad económica -la piscícola- que en Betania genera más de $70.000 millones al año y ha concertado con la gobernación del Huila y con la corporación autónoma el destino del 1% de las transferencias a la adquisición de unas 12.000 hectáreas de terreno para proteger los nacimientos de agua; además, a cada familia que tenga que reubicar, por cada hectárea que tenían se les van a entregar cinco. "Estamos invirtiendo en la parte social y ambiental, unos $320.000 millones", explica Lucio Rubio, presidente de Emgesa, quien confía en que la licencia se entregará. "La no licencia no está en nuestros cálculos. Hay que mirar en qué términos sale", dice.

El segundo proyecto tiene que ver con la empresa Poliobras, que ganó en la primera subasta de energía un proyecto con una capacidad instalada de 200 MW. Sin embargo, los equipos que operarán son de segunda mano. En su momento, directivos de la empresa advirtieron que estos equipos, provenientes de Estados Unidos, cumplen y exceden las exigencias ambientales de Colombia.

Y, finalmente, la interconexión con Panamá, que pasará por la región del Darién, un proyecto que tendrá una inversión superior a los US$400 millones, con una extensión de red superior a los 600 kilómetros. "Es evidente y se entiende la preocupación de que el desarrollo no puede ser a cualquier precio y hay que tener en cuenta los impactos que se generen. Para la interconexión con Panamá estamos siguiendo los protocolos y exigencias y contamos con cooperación técnica del BID. Además, estamos desarrollando una tecnología muy favorable para el transporte de energía, con beneficios ambientales, minimizando su impacto. Este proyecto será el primero de la región que contará con un tramo submarino", dice Andrés Villegas, director de la empresa creada por ISA para manejar la interconexión con Centroamérica.

Por su parte, en el sector petrolero, se esperan inversiones para este año cercanas a los $23,6 billones en exploración y explotación de campos; mientras que en vías las inversiones son del orden de $5,5 billones en el plan de choque.

En el campo minero se calcula que este año la inversión llegue a US$2.100 millones, muy similar a la del año pasado, jalonada por el carbón, según la Cámara de Asomineros, de la Andi. "Además de Cerrejón, Drummond y Prodeco, los productores más grandes, que el año pasado explotaron cerca de 65 millones de toneladas, este año entrarán dos nuevos jugadores: Vale, que adquirió las minas de Cementos Argos en la Costa y la también brasileña MPX", explica Arturo Quirós, director de ese gremio. Además, los metales empiezan a tomar auge y ya más de 40 empresas están en proceso de exploración, lo que significaría inversiones por US$150 millones este año.

El proyecto de La Colosa, en el Tolima, de AngloGold Ashanti es el más importante para la multinacional porque tiene un recurso estimado de 12,3 millones de onzas de oro, una de las producciones más grandes del mundo. El Ministerio advirtió que se trata solo de una licencia parcial para adelantar trabajos de exploración en 6,39 hectáreas, que representan el 1,24% de lo que la firma había solicitado. La compañía, que en los últimos días ha estado en el ojo del huracán, se defiende. "La minería moderna cuenta con los recursos tecnológicos para desarrollar una industria minera responsable y compatible con el medio ambiente y otras industrias, como por ejemplo la agricultura y el turismo. En AngloGold Ashanti existe un claro compromiso por mejorar continuamente sus procesos con el fin de hacer un uso eficiente de los recursos naturales y cuidar el medio ambiente", dice un vocero. Otros proyectos con reparos ambientales son el puerto multipropósito Brisas, en la Guajira, al que se opone la comunidad wayúu por el impacto a los ecosistemas y que se realizará en sitios sagrados; la definición del transporte férreo del carbón por parte de Fenoco, cuya línea atravesaría más de una docena de asentamientos humanos, y el proyecto de generación Urrá II en Córdoba.

Lo que viene

¿Cuáles son las posibles salidas? Uno de los caminos, como menciona la viceministra Mora, es incorporar desde el principio del desarrollo de los proyectos el tema ambiental.

Por su parte, para Juan Pablo Bonilla, jefe de la unidad de energía sostenible y cambio climático del BID para América Latina y el Caribe, la pregunta es cómo, con la necesidad de reactivar la economía y generar empleo, se puedan desarrollar diferentes actividades sin afectar el medio ambiente.

"Lo que ha planteado el presidente Obama es que, vía paquetes fiscales, haya un alto incentivo a que se desarrollen obras de infraestructura verdes. El paquete fiscal en Estados Unidos tiene grandes incentivos para apoyar nuevas fuentes de energía, eficiencia energética y proyectos que, además de mover la economía y generar nuevos empleos, también tienen la variable ambiental implícita", dice Bonilla. Citando un estudio de HSBC, Bonilla asegura que en los planes de rescate financiero de los gobiernos de los países europeos y de Estados Unidos hay recursos por más de US$430.000 millones apoyando la infraestructura verde.

Colombia podría pensar en incorporar incentivos verdes al desarrollo de estos proyectos, que minimicen el impacto ambiental y maximicen su aporte a la economía. Una de las posibilidades que se abre es el mecanismo que crearon recientemente bancos multilaterales, como el Banco Mundial y el BID, que están armando un fondo de más de US$6.000 millones para estructurar planes de inversión en proyectos sostenibles. Ya México cuenta con US$500 millones en recursos de este fondo.

Esta coyuntura debe enseñar al país a crear modelos de desarrollo sostenible que busquen el equilibrio entre el crecimiento económico y la parte ambiental, sin satanizar lo uno ni lo otro, encontrando límites y descubriendo que la gama de grises es más amplia que ver las cosas solo en blanco y negro.